Presidente Donald Trump transmitió una orden ejecutiva el 1 de mayo prohibiendo a la National Public Radio y el Public Broadcasting Service de la televisión de recibir cualquier dinero de la Corporation for Public Broadcasting, la cuál asigna dinero a estaciones de miembros de NPR tales como KPCW.
NPR y tres estaciones de miembros de Colorado demandaron el 27 de mayo, y el profesor de la ley Scott Ballenger de la University of Virginia lo desglosó en la “Local News Hour” de KPCW.
“NPR tiene el argumento usual de que se ha hecho en contra de muchas de las iniciativas de la administración de Trump últimamente: que solo no tienen la autoridad de decretar todas estas cosas por mandato ejecutivo,” dijo Ballenger. “Si quieren cambiar los fundamentos de cómo funciona la [CPR], deben hacerlo a través del Congreso y pasar la legislación. Pero aquí, el argumento es aún más afilado que normal, porque los estatutos que pasaron el Congreso de hecho parecen prohibir la interferencia política directamente con la corporación.”
Eso es, el Public Broadcasting Act of 1967, el cuál arregló CPB no permite que “cualquier departamento, agencia, oficiante, o empleado de los Estados Unidos ejerza cualquier dirección, supervisión o control sobre las telecomunicaciones públicas, o sobre la Corporación … o entidad pública de telecomunicaciones.”
La administración de Trump no ha respondido a la demanda a partir del 30 de mayo, pero Ballenger cree que discutirá que parte del Public Broadcasting Act no es constitucional.
“La corte recientemente dictaminó en un caso llamado Trump v. Wilcox que el presidente puede correr a miembros de la National Labor Relations Board y la Merit Systems Protection Board, a pesar de estatutos diciendo muy claramente lo contrario,” dijo él. “Este es un tipo de un argumento de ‘ejecutivo unitario’ que el presidente realmente tiene que estar encargado de la rama ejecutiva.”
Por otro lado, la mayoría de las cortes han preservado la independencia del banco nacional de la nación, por ejemplo, desde las elecciones.
“Quién sabe qué significa eso para la Corporación for Public Broadcasting, pero el punto es que esta disputa sobre la independencia estatutaria de la Corporación es solo una frente en una guerra mucho más grande sobre las agencias independientes de manera amplia,” dijo Ballenger. Dijo que cree que mueva muy despacio la demanda. El 30 de mayo, PBS y una estación pública de la televisión en Minnesota presentaron una demanda parecida contra la White House.
Una fracción relativamente pequeña de los 535 millones de dólares que CPB distribuye anualmente va directamente a NPR, el cuál no posee ni opera ningunas estaciones de radio.
La gran mayoría va a estaciones a KPCW. Las estaciones son requeridas por el Public Broadcasting Act a gastar casi tres cuartos de su alocación de CPB en contenido distribuido nacionalmente de servicios como NPR, American Public Media o Public Radio Exchange.
Por suscribir a los shows de NPR, KPCW es marcado como una “estación de miembros.”
La orden ejecutiva de Trump se dirige a detener las estaciones de pagar a NPR con dinero de CPB, pero no dice nada sobre las estaciones recibiendo ese dinero en primer lugar.
El Congreso está encargado de cuánto dinero de CPB que puede distribuir, y The New York Times reportó el mes pasado que Trump planea pedir que los legisladores desciendan 1.1 mil millones de dólares que ya otorgaron al CPB.
Artículo traducido por Jonás Wright.
